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PERSONAS COMPROMETIDAS
CON LOS DERECHOS
DE LA NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA

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    nuestra petición

    El 20 de noviembre del 2024 se cumplen 35 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). A pesar de los avances normativos y de políticas públicas, en el Perú persisten significativas brechas en la implementación de estos derechos. Cuatro de cada 10 niñas y niños menores de cinco años viven en situación de pobreza, mientras aún prevalece la anemia, la violencia, la desprotección familiar, la trata de personas y explotación, el acceso limitado a servicios básicos como agua segura y saneamiento, la desigualdad en el acceso a la educación y la salud.

    Hacemos un llamado urgente a las autoridades actuales y futuras, líderes de la sociedad civil y a la ciudadanía en general, a actuar para implementar la Convención mediante políticas públicas, leyes y presupuestos que garanticen el acceso a servicios de salud, educación, protección y participación de calidad; a ejercer el buen trato hacia la niñez y adolescencia en el día a día, y a respaldar lo avanzado desde la vigencia de la Convención, como norma orientadora y rectora de las políticas nacionales y de la gestión pública con y para las niñas, niños y adolescentes.
    ¿Cómo PODEMOS promover los DERECHOS DE LA NIÑEZ?
    Campaña | Súmate a la conmemoración de los 35 años de la Convención

    Esta fecha es propicia para colocar en la agenda pública la desprotección y desigualdades que aún afectan a la niñez y adolescencia en el Perú y el mundo, así como para revisar los viejos y nuevos desafíos que tenemos como país, a la luz de lo transcurrido desde la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño.

    Súmate suscribiendo nuestra petición, comparte y compromete a otras personas con los derechos de la niñez y adolescencia. 

    También puedes promover actividades de sensibilización, diálogos y propuestas de solución para la situación de la niñez y adolescencia en tu comunidad, colegio, universidad,  municipalidad, gobierno regional.

    ¿Cuál es el rol del Estado para proteger los derechos de la niñez Y ADOLESCENCIA?
    El Estado peruano debe garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todos los niveles de gobierno.
     

    “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
    cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales” (art 2).

     

    Llamado a la acción desde la sociedad civil

    Es imperativo que todos los actores relevantes, incluidos el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado,  los organismos internacionales y las organizaciones de niñez y adolescencia se reúnan para evaluar la situación actual, compartir experiencias y conocimientos, y proponer acciones concretas que mejoren la protección y promoción de los derechos de la niñez en Perú,  en cumplimiento de la Convención, los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 y todos los compromisos internacionales y recomendaciones de órganos de tratados en materia de derechos humanos que el Estado peruano ha suscrito.

    ¿Qué opinan los niños, niñas y adolescentes?
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    ORGANIZACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ACCIÓN POR SUS COMUNIDADES
    Artículo 2 | No discriminación

    Todos los niños y niñas tienen los derechos recogidos en la Convención: no importa de dónde sean, ni de qué sexo o color de piel, ni qué lengua hablen, ni la situación económica de su familia, ni sus creencias o la de sus padres, ni si padecen de alguna minusvalía.

    Artículo 3 | Interés superior del niño

    Cuando las autoridades o las personas adultas adopten decisiones que tengan que ver con los niños deberán hacer aquello que sea mejor para su desarrollo y bienestar.

    Los gobiernos (y las autoridades regionales y locales) deben hacer que se cumplan todos los derechos recogidos en la Convención. Ayudarán a las familias a garantizar estos derechos y también deben colaborar con otros países para que se cumplan en todo el mundo.